Gobierno promulga reforma al sistema notarial con fin a cargos vitalicios y tarifas reguladas
La nueva ley moderniza el servicio, establece concursos públicos para designaciones, fija precios máximos y otorga facultades de fiscalización al Sernac.
El Gobierno promulgó este martes la esperada reforma al sistema notarial, una iniciativa que marca un cambio estructural en la forma en que operan notarios, conservadores y archiveros en Chile. La normativa pone fin a los cargos vitalicios, incorpora procesos de nombramiento mediante concursos públicos, fija tarifas máximas y abre la puerta a la digitalización de servicios.
La ceremonia fue encabezada por el vicepresidente, Álvaro Elizalde, junto a los ministros de Justicia, Jaime Gajardo; de Hacienda, Nicolás Grau; de la Segpres, Macarena Lobos; de Economía, Álvaro García; y de Obras Públicas, Jessica López.
“El sistema registral notarial será más eficiente, transparente y al servicio de las necesidades de las personas. No es solo una reforma administrativa, sino una medida con efectos directos en la vida cotidiana de las chilenas y chilenos”, señaló Elizalde.
Por su parte, el ministro de Justicia enfatizó que los nuevos nombramientos serán definidos por méritos y capacidades: “Notarios, archiveros y conservadores serán designados después de un proceso de concursabilidad a través del sistema de Alta Dirección Pública”.
Entre los cambios centrales destacan:
- Fin a los cargos vitalicios: se establece un límite de edad de 75 años para el ejercicio.
- Concursos públicos: las designaciones se realizarán vía Alta Dirección Pública.
- Fiscalización: el Sernac tendrá facultades para supervisar calidad de servicio y recibir reclamos de usuarios.
- Transparencia en tarifas: se fijarán precios máximos mediante un procedimiento técnico de los ministerios de Justicia, Hacienda y Economía.
- Modernización y digitalización: acceso remoto a registros, sitios web informativos, canales de reclamos y mejoras en infraestructura.
La reforma también contempla medidas de probidad, como la prohibición de incluir en nóminas a familiares de ciertas autoridades, y horarios obligatorios de atención al público con estándares mínimos de equipamiento tecnológico.
Con esta ley, el Ejecutivo busca fortalecer la agenda de modernización del Estado, mejorar la atención ciudadana y asegurar mayor transparencia en un sistema que por años ha sido cuestionado por falta de control y privilegios hereditarios.
