Fraude millonario en GORE RM: Facturas falsas, cuentas vacías y apuestas en casinos rodean estafa de $6 mil millones.
Mientras decenas de extrabajadores aún esperan el pago de sus sueldos, Arnaldo Alarcón –cerebro tras Gopa Soluciones– aparece vinculado a una nueva empresa con contratos públicos. El dinero del fraude sigue sin rastros y los tentáculos del caso se extienden a todo el sistema público.
SANTIAGO.– Una trama de engaños, viajes de lujo y cuentas bancarias vacías rodea uno de los mayores escándalos de fraude en el sistema público reciente. Gopa Soluciones SpA, una empresa sin mayor trayectoria fundada en 2021 por Arnaldo Alarcón González, logró facturar más de $6.600 millones en 2024 mediante documentos tributarios falsos validados por un funcionario del Gobierno Regional Metropolitano (GORE RM). Hoy, ni un peso ha podido ser recuperado.
El 22 de mayo pasado, la receptora judicial Elena Oliva recorrió al menos tres bancos –Banco de Chile, Santander y Falabella– para embargar cuentas de Alarcón, sin éxito. Todas estaban vacías. A la fecha, se han revisado 10 cuentas sin fondos y solo se han podido embargar cinco vehículos y una vivienda en Estación Central.
El dinero desaparecido y los viajes sospechosos
Mientras el fraude se gestaba, Alarcón y su pareja –la también investigada Paula Aravena Frías– realizaban viajes frecuentes al extranjero. Extrabajadores aseguran que ambos viajaban a Brasil y Argentina cada 15 o 20 días, y que Aravena habría tenido serios problemas con la ludopatía.
El desfalco se habría producido también a costa de decenas de trabajadores y subcontratistas. La empresa comenzó a incumplir pagos desde fines de 2023, y a inicios de marzo abandonó obras en distintas comunas como Buin, Quinta Normal y Llay Llay. Alarcón desapareció del mapa sin pagar sueldos ni finiquitos. Según abogados laborales, actualmente hay al menos 30 demandas en curso contra Gopa Soluciones.
Nueva empresa, nuevo contrato millonario.
Lo más alarmante: Arnaldo Alarcón reapareció representando una nueva empresa, Saldías Ingenieros SpA, que ya se adjudicó un contrato por $113 millones con el Servicio Local de Educación Pública Los Libertadores. La compañía fue inscrita por Gary Saldías, excolaborador de Aravena y aval solidario de Gopa, quien también enfrenta demandas por garantías impagas.
En una visita técnica a una escuela en Ñuñoa, Alarcón firmó como representante de Saldías Ingenieros. El acta –con una fecha errónea– dejó en evidencia que el mismo protagonista del escándalo continúa participando de licitaciones públicas.
GORE, facturas duplicadas y descontrol institucional
La investigación también reveló que Gopa entregó facturas duplicadas a distintas empresas de factoring, afectando a instituciones como la Municipalidad de Lampa, donde incluso quedaron momentáneamente en DICOM.
Desde el GORE Metropolitano, el gobernador Claudio Orrego afirmó que fue su administración quien detectó el fraude, destituyó al funcionario involucrado y presentó una querella. “Vamos a eliminar una mafia que le robaba al Estado”, aseguró.
¿Y ahora qué?
A pesar de que Xepelin, empresa de financiamiento afectada, ha sido el principal querellante, aún no ha buscado compensaciones directamente desde el GORE. En tanto, la justicia avanza lentamente, con Aravena negando toda vinculación formal con Gopa y limitando sus respuestas por consejo legal.
Actualmente se estima que Gopa abandonó al menos diez obras públicas, dejando una estela de deudas, demandas y recursos estatales comprometidos. El caso destapa no solo un fraude aislado, sino una peligrosa vulnerabilidad en los procesos de control y fiscalización del Estado, donde empresas fantasmas y representantes reciclados aún logran hacerse con contratos millonarios.
Información clave:
El caso Gopa pone en alerta a organismos públicos y ciudadanos: se recomienda a los municipios y servicios públicos revisar cuidadosamente el historial de empresas oferentes y exigir antecedentes penales y comerciales actualizados de sus representantes legales. Además, se invita a extrabajadores afectados a contactar a la Dirección del Trabajo y al Ministerio Público para sumarse a las acciones colectivas en curso.
