Fontaine critica licencias médicas falsas y llama a “cortar el derroche del Estado”
El candidato a diputado por el Maule, Bernardo Fontaine, reaccionó a la investigación de Contraloría que reveló 10 mil nuevos casos de funcionarios públicos que viajaron al extranjero con licencias médicas falsas.
Bernardo Fontaine, candidato a diputado por el Maule, tras conocerse nuevas licencias médicas truchas: “Los chilenos pagamos con mucho esfuerzo nuestros impuestos y hoy vemos con mucha rabia como el Estado los derrocha”
La Contraloría General de la República dio a conocer este martes nuevos antecedentes sobre el uso irregular de licencias médicas. El informe reveló que al menos 10 mil funcionarios públicos de distintos servicios en varias regiones del país viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica, levantando cuestionamientos sobre el control y fiscalización de estos permisos.
De acuerdo con los datos, un 67% de las licencias corresponde a trabajadores de servicios de salud y hospitales, un 15% a funcionarios de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), un 11% a municipalidades y corporaciones municipales, un 4% a establecimientos educacionales y un 3% a otros servicios estatales.
Frente a este escenario, el candidato a diputado por el Maule, Bernardo Fontaine, criticó duramente el “derroche” de recursos públicos:
“Los chilenos pagamos con mucho esfuerzo nuestros impuestos y hoy vemos con mucha rabia cómo el Estado los derrocha. El próximo presidente de Chile debe recortar este despilfarro de raíz. Para eso necesitamos un Congreso alineado y comprometido con reformas que terminen con el malgasto de los impuestos de todos los chilenos”, señaló.
Fontaine, además, entregó un respaldo explícito al candidato presidencial José Antonio Kast:
“Si tú quieres un Estado eficiente, que cuide los recursos de todos los chilenos, entonces Kast es el hombre”, sostuvo.
La denuncia de Contraloría se suma a investigaciones previas que han revelado irregularidades en el uso de licencias médicas, generando presión política para endurecer los controles y avanzar en cambios legales que impidan fraudes dentro de los servicios públicos.
