¿La excesiva urbanización y las marejadas harán desaparecer las playas?
Las marejadas registradas a finales de 2024 y que se extendieron hasta el primer fin de semana de 2025 se posicionaron como uno de los eventos más significativos desde 2015, año en que este fenómeno comenzó a intensificarse y persistir en las costas de Chile. Según investigaciones del Centro UC Observatorio de la Costa, si bien hay una relación entre las marejadas y el cambio climático, el problema principal radica en cómo se ha ocupado la zona costera.
Carolina Martínez, directora del Centro y académica del Instituto de Geografía, destacó que las marejadas, que antes no se consideraban un problema, hoy alcanzan un promedio de 45 eventos anuales en el país. “Este fenómeno da cuenta de la magnitud de un problema para el que no estamos preparados, con factores complejos que lo agravan”, comentó. Un ejemplo del impacto reciente es la playa La Boca de Concón, que quedó sin arena tras ser golpeada por olas de hasta 4,4 metros de altura. En general, la erosión de las playas fluctúa entre -0,2 y -1,5 m/año, pero en los casos más graves puede superar los 5 metros anuales, como reveló un análisis de 66 playas entre Arica y Chiloé.
Martínez también alertó sobre los efectos de la urbanización descontrolada en las costas. Globalmente, el 60% de la población vive a menos de 60 kilómetros de la costa, lo que incrementa la exposición al peligro. Además, factores como la alteración de ríos y quebradas impiden que los sedimentos lleguen a las playas, agravando la erosión y debilitando ecosistemas clave como playas, humedales y dunas, que actúan como barreras naturales frente a fenómenos extremos.
Ante esta situación, la investigadora señaló la necesidad de clasificar las marejadas para anticipar eventos extremos y destacó la urgencia de implementar una Ley de Costas que regule usos, edificaciones y concesiones en la franja costera. En 2022, el Centro UC Observatorio de la Costa presentó una propuesta basada en nueve principios de desarrollo sustentable, pero aún no ha sido considerada por el Ejecutivo. “Un ordenamiento específico permitiría enfrentar estas amenazas y conservar los servicios ecosistémicos de la costa, promoviendo transformaciones sostenibles como en otros países de la OCDE”, concluyó Martínez.
