Contraloría detecta a 315 funcionarios públicos con condenas vigentes y ordena iniciar investigaciones

La Contraloría General de la República detectó que 315 funcionarios y servidores públicos que se desempeñan en el Estado registran condenas vigentes por crimen o simple delito, situación que contraviene las disposiciones de la Ley N° 18.575, que establece la inhabilidad para ejercer funciones en la Administración del Estado en estos casos. Los antecedentes fueron publicados en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 29, tras un cruce de información con distintas bases de datos públicas.
Del total identificado, 166 personas cumplen funciones en el gobierno central y 149 en el gobierno local. Entre las instituciones con más casos figuran Carabineros, con 84 funcionarios condenados; el Ejército, con 22; y la Armada, con ocho. También aparecen la Municipalidad de Valdivia, con seis casos, y las municipalidades de Hualpén, Tierra Amarilla, Chillán y Puerto Montt, con cuatro cada una.
El informe contabilizó 317 registros de condenas asociados a los 315 funcionarios, de los cuales 73 corresponden a crímenes y 244 a simples delitos. Asimismo, se identificaron 41 condenas relacionadas con delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos, equivalentes al 13% del total de registros. Dos funcionarios presentan más de una condena vigente.
Ante estos antecedentes, la Contraloría instruyó a las reparticiones involucradas iniciar investigaciones para determinar eventuales responsabilidades administrativas, particularmente por la posible omisión de informar las condenas a los respectivos jefes de servicio. Además, deberán iniciar los procedimientos para aplicar la inhabilidad sobreviniente y verificar si estos antecedentes fueron considerados en los procesos de calificación funcionaria, conforme a los criterios de comportamiento social y probidad.









