Contraloría se inhibe por mérito en acuerdo Codelco-SQM y anuncia auditoría
El organismo fiscalizador resolvió no pronunciarse sobre la legalidad del acuerdo por el litio en el Salar de Atacama, al existir fallos judiciales previos, pero confirmó el inicio de una auditoría ante denuncias presentadas por parlamentarios.
La Contraloría General de la República (CGR) resolvió abstenerse de emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la legalidad del acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama, decisión que se sustenta en límites institucionales y prohibiciones legales, y no en una omisión voluntaria del organismo.
Así lo establece un oficio firmado por la contralora Dorothy Pérez, en el que se precisa que la CGR se encuentra impedida de intervenir en materias que ya han sido objeto de pronunciamientos judiciales o que corresponden a aspectos de mérito, cuya calificación está expresamente prohibida por la ley.
La resolución marca un punto de inflexión en la controversia que rodea al millonario entendimiento entre la estatal Codelco y la minera privada SQM, tras meses de presión política, presentaciones administrativas y recursos judiciales impulsados por parlamentarios, comunidades indígenas y particulares.
En el documento —al que tuvo acceso Radio Bío Bío— la Contraloría señala que “se encuentra impedida de emitir un pronunciamiento acerca de las alegaciones (…) toda vez que, respecto de algunas, los tribunales de justicia ordenaron a esta entidad de control derechamente abstenerse de informar, en tanto que otras fueron resueltas por los tribunales de justicia o, en su caso, constituyen aspectos de mérito, que la ley le prohíbe calificar”.
El oficio revisa uno a uno los principales cuestionamientos formulados al acuerdo. En cuanto a las facultades legales de Codelco para explotar litio y constituir filiales, la Contraloría recuerda que tanto la Corte de Apelaciones de Santiago como la Corte Suprema confirmaron que el decreto ley N° 1.350 autoriza expresamente a la estatal a desarrollar actividades vinculadas a minerales no ferrosos, incluyendo el litio. Emitir un dictamen adicional, sostiene el organismo, habría significado invadir competencias exclusivas del Poder Judicial.
Respecto del rol de Corfo y el uso del trato directo con SQM, la Contraloría consigna que la Corte de Apelaciones de Antofagasta validó el encargo realizado a Codelco para negociar el acuerdo y descartó la existencia de una obligación legal de llamar a licitación pública, considerando el marco normativo especial que rige a la empresa estatal y los contratos previos vigentes en el Salar de Atacama.
En relación con la consulta indígena, otro de los ejes más sensibles del debate, el organismo fiscalizador vuelve a remitirse a fallos judiciales, los cuales determinaron que el acuerdo de asociación no constituía, por sí mismo, una intervención que obligara a una consulta adicional, y que el proceso liderado por Corfo se ajustó a la normativa vigente.
Contraloría abre auditoría
Pese a inhibirse de un pronunciamiento jurídico de fondo, la Contraloría no se retira completamente del caso. En un giro relevante, el oficio anuncia el inicio de una auditoría formal, señalando que “las observaciones y antecedentes entregados por la Comisión Especial Investigadora (…) serán considerados en la auditoría que iniciará esta Contraloría General”.
La fiscalización pondrá especial atención en el contrato de asesoría suscrito entre Codelco y el banco de inversiones Morgan Stanley, además de otras operaciones denunciadas por parlamentarios durante la investigación.
Para ello, la CGR invoca sus facultades legales sobre empresas y sociedades en que el Estado tiene participación mayoritaria o equivalente, recordando que la ley le permite cautelar la regularidad de sus operaciones y hacer efectivas las responsabilidades de directivos y funcionarios.
El escenario que se configura es claro: el acuerdo Codelco-SQM queda, en lo sustantivo, respaldado por decisiones judiciales que cierran el paso a nuevos pronunciamientos administrativos, pero se abre una vía de fiscalización técnica y financiera que podría derivar en observaciones sobre procedimientos, contratos y uso de recursos públicos.
Así, la Contraloría no abandona el caso, sino que cambia de carril, activando su herramienta más incisiva —la auditoría— en un conflicto que sigue tensionando la política minera, el debate parlamentario y la gobernanza del litio en Chile.
