Avanza proyecto que permitiría levantar secreto bancario de autoridades en caso de operaciones sospechosas

La Comisión de Economía del Senado aprobó en particular la iniciativa que permitiría a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y al Servicio de Impuestos Internos (SII) acceder a las cuentas bancarias de altas autoridades del Estado si se detectan movimientos
La Comisión de Economía del Senado aprobó en particular un proyecto de ley que permitiría levantar el secreto bancario de autoridades públicas en caso de que existan operaciones sospechosas. La iniciativa busca entregar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y al Servicio de Impuestos Internos (SII) la facultad de acceder a los movimientos financieros de altos funcionarios, incluyendo al Presidente de la República, ministros, parlamentarios, alcaldes, concejales, consejeros regionales, ministros de la Corte Suprema y autoridades del Ejército.
El mecanismo del proyecto plantea que, desde el momento en que asuman sus cargos, estas autoridades deberán autorizar a los bancos a entregar sin mayores trámites el detalle de sus operaciones sujetas a reserva bancaria, siempre que existan razones fundadas para sospechar irregularidades financieras.
El senador Daniel Núñez (PC), presidente de la comisión, valoró que ambas instituciones puedan solicitar acceso a las cuentas de autoridades con el objetivo de fortalecer la transparencia y la lucha contra delitos financieros. Por su parte, la oposición ha manifestado que considera la iniciativa inadmisible y riesgosa, sugiriendo que deben reforzarse las sanciones para quienes filtren la información.
En la votación, el senador independiente Rojo Edwards propuso que solo la UAF tuviera esta facultad, eliminando al SII del proceso, argumentando que la existencia de dos instituciones podría dificultar la trazabilidad y generar riesgos de filtraciones. Esta indicación fue rechazada.
Asimismo, el senador Gastón Saavedra (PS) presentó propuestas para ampliar el listado de autoridades incluidas en la norma, con el objetivo de prevenir la influencia del crimen organizado y narcotráfico sobre funcionarios públicos. Como resultado, se sumaron al listado el director nacional de Gendarmería, jueces de garantía y miembros del Consejo de Defensa del Estado (CDE). En contraste, se decidió excluir a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), dado que sus integrantes manifestaron no estar interesados en esta atribución.
Actualmente, el proyecto no cuenta con urgencia legislativa por parte del Ejecutivo y deberá pasar por la Comisión de Seguridad, presidida por la oposición, lo que será un punto clave para determinar su avance y eventual promulgación.









