Diputado Benjamín Moreno: “Los delitos que dejan sin servicios básicos a las familias tienen que tener penas proporcionales”.
El parlamentario respaldó la iniciativa que aumenta las sanciones por el robo de cables eléctricos y de telecomunicaciones, destacando el grave impacto de este delito en zonas rurales como el Maule. La nueva ley también busca frenar el contrabando de cobre y desarticular a las bandas organizadas responsables de estas acciones.
El diputado Benjamín Moreno respaldó con su voto el proyecto de ley que endurece las penas por el robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones, una problemática que ha afectado gravemente a miles de familias, especialmente en zonas rurales como la Región del Maule.
Durante los últimos años, el robo de cables ha dejado de ser un delito menor para convertirse en una actividad sistemática perpetrada por bandas organizadas. Solo en 2023 se sustrajeron más de 255 kilómetros de cable en todo el país, impactando a más de 250 mil hogares. En tanto, Enel reportó el robo de 68 toneladas de cable, con un costo de reposición que superó los $2.900 millones.
En 2024, la situación ha empeorado. La empresa CGE denunció el robo de 225 kilómetros de cableado, lo que puso en riesgo el suministro eléctrico de más de 3 millones de personas. A ello se suma la interrupción de servicios de internet y telefonía, dejando incomunicadas a comunidades completas.
“Aquí no se trata solo de reponer un cable. Se trata de la interrupción de servicios esenciales como electricidad, internet y telefonía, lo que deja a comunidades enteras desconectadas y vulnerables. Esto es aún más grave en zonas como el Maule, donde la conectividad ya es deficiente”, afirmó el diputado Moreno.
El proyecto aprobado modifica el Código Penal y la Ordenanza de Aduanas, endureciendo las sanciones cuando los delitos afectan directamente a los usuarios, cuando los delincuentes se hacen pasar por trabajadores de empresas proveedoras o cuando se usan certificados falsos para exportar cobre robado.
El diputado Moreno también alertó sobre el aumento del contrabando de cobre. Solo en 2025, el Servicio Nacional de Aduanas ha incautado más de 270 toneladas de chatarra de cobre ilícita, principalmente en los puertos de San Antonio y Talcahuano. En total, las incautaciones entre 2023 y 2025 superan las 415 toneladas.
“Estos no son delitos menores. Son redes organizadas que requieren una respuesta firme del Estado. Esta ley protege a las personas y enfrenta con decisión estas estructuras criminales. Es una medida concreta para devolver la tranquilidad a nuestras familias, sobre todo en el mundo rural”, concluyó.
