Cámara rechaza por un voto reforma que ampliaba plazo de detención para personas con orden de expulsión
La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó este martes, por un solo voto, la reforma constitucional impulsada por el Gobierno que buscaba ampliar el plazo de detención de personas que cuentan con una orden de expulsión administrativa. La iniciativa obtuvo 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, por lo que no alcanzó los 89 respaldos necesarios para aprobar la modificación constitucional.
El proyecto buscaba modificar el actual límite de cinco días para concretar una expulsión administrativa, estableciendo un período de entre cinco y 60 días, con la posibilidad de renovarlo hasta en dos oportunidades. De esta manera, en determinados casos, la privación de libertad podía extenderse hasta 180 días. Además, la propuesta contemplaba habilitar al Ejecutivo para impulsar posteriormente una legislación destinada a regular el funcionamiento de recintos especiales para las personas sometidas a este procedimiento.
El resultado estuvo marcado por la ausencia de algunos parlamentarios y por las abstenciones de integrantes del Partido de la Gente, cuyos votos habían sido considerados en las gestiones del Gobierno para alcanzar el quórum. A esto se sumaron las licencias médicas de las diputadas Marlene Pérez y Francesca Muñoz, además de la ausencia de Guillermo Ramírez y de los republicanos Felipe Ross y Stephan Schubert, quienes se encontraban en Estados Unidos junto al presidente José Antonio Kast. La situación terminó dejando a la iniciativa a solo un voto de alcanzar el respaldo constitucional requerido.
Tras la votación, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, reconoció las dificultades para asegurar los apoyos y señaló que algunos respaldos que el Ejecutivo esperaba finalmente no estuvieron disponibles al momento de la votación. El secretario de Estado sostuvo que el Gobierno revisará el trabajo realizado para mejorar la coordinación legislativa, mientras que el rechazo de la reforma abre la posibilidad de que el Ejecutivo evalúe una eventual insistencia ante el Congreso, mecanismo contemplado para los mensajes presidenciales y que requiere un quórum de dos tercios.
