Contraloría inicia sumario en el Gore Maule por millonaria asesoría cuestionada
El organismo fiscalizador detectó irregularidades en la contratación directa de una abogada, incluyendo aumento de pagos, dudas sobre su experiencia y un eventual conflicto de interés.
La Contraloría General de la República inició un sumario administrativo en el Gobierno Regional del Maule, encabezado por el gobernador Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, tras detectar eventuales vulneraciones al principio de probidad en la contratación de una asesoría jurídica. La indagatoria apunta a la contratación directa de la abogada Angélica Caro, quien fue incorporada para elaborar estrategias legales frente a acciones judiciales impulsadas por funcionarios desvinculados.
Según el informe del ente fiscalizador, el contrato comenzó con un monto de 7 millones de pesos, el que posteriormente aumentó a 9 millones sin que existiera una justificación técnica ni fundamentos que explicaran la modificación. Además, se cuestiona el carácter de confidencialidad asignado a la asesoría, considerando que las facultades del gobernador para prorrogar o terminar contratas no implican, por sí mismas, condiciones reservadas ni afectan el funcionamiento del servicio.
La revisión también puso en duda la idoneidad técnica de la profesional, señalando que los términos de referencia fueron redactados de forma genérica para una asesoría especializada en derecho administrativo y litigación pública. A esto se suma que los antecedentes disponibles no evidencian experiencia sólida en dichas materias, más allá de un paso por la Corporación de Asistencia Judicial y su inscripción como juez árbitro en materias civiles y de familia, lo que contrasta con la justificación entregada por la Gobernación, que argumentó contar con experiencia en litigación pública.
El caso se complejiza por un eventual conflicto de interés, dado que el cónyuge de la abogada, el ministro Moisés Muñoz, participó en causas vinculadas al Gobierno Regional antes de inhabilitarse, una vez que la situación se hizo pública. Asimismo, Contraloría detectó irregularidades en el proceso de contratación, que no siguió los canales habituales de revisión jurídica y fue gestionado directamente por autoridades administrativas. El organismo otorgó plazo hasta el 10 de abril para entregar todos los antecedentes del contrato, mientras que los montos pagados aún no han sido restituidos y no se descarta la eventual intervención del Consejo de Defensa del Estado.
