Senado aprueba acusación constitucional y destituye a ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue
La decisión implica la remoción inmediata del magistrado y se suma a una serie de destituciones que profundizan la crisis institucional del Poder Judicial.
El Senado aprobó este lunes la Acusación Constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, determinación que implica su destitución inmediata del máximo tribunal del país. La resolución se adoptó tras la revisión del libelo previamente aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados, en una jornada marcada por un amplio respaldo transversal que permitió concretar la salida del magistrado.
Para que la acusación prosperara bastaba con la aprobación de uno de sus tres capítulos. El primero fue aprobado por unanimidad de la Sala, mientras que el segundo fue rechazado con 18 votos a favor, 3 en contra y 20 abstenciones. En tanto, el tercer capítulo obtuvo 33 votos favorables, 1 en contra y 6 abstenciones, configurando así el escenario necesario para la remoción de Simpertigue de su cargo.
La acusación se enmarca en la vinculación del exministro con la denominada “trama bielorrusa” del Caso Audio, uno de los mayores escándalos que ha afectado al sistema judicial chileno en las últimas décadas. El libelo, presentado por un grupo transversal de diputadas y diputados, cuestionó una falta al deber de probidad en la causa BelAz Movitec, un conflicto de interés en nombramientos notariales y su actuación en el caso Fundamenta, donde se investigan eventuales vínculos impropios con actores ligados a resoluciones judiciales.
Previo a la votación, Simpertigue había negado cualquier irregularidad y descartado haber incurrido en abandono de deberes. Sin embargo, la decisión del Senado elevó a tres el número de ministros de la Corte Suprema destituidos durante 2025, sumándose a los casos de Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, además de las remociones de ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, profundizando así una crisis institucional que ha puesto en entredicho los estándares de probidad, independencia e imparcialidad del Poder Judicial.
