Moreno valora avance de ley de desalinización, pero alerta riesgos para inversiones
El diputado Benjamín Moreno respaldó en general el proyecto que regula el uso de agua de mar, aunque advirtió que algunos aspectos podrían generar incertidumbre para proyectos estratégicos y la seguridad hídrica del país.
El diputado Benjamín Moreno valoró el avance del proyecto de ley que regula el uso de agua de mar para procesos de desalinización, iniciativa que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Congreso. Sin embargo, el parlamentario advirtió que el texto aún presenta elementos que podrían afectar la inversión de largo plazo y la estabilidad futura del suministro hídrico en Chile.
La iniciativa contempla la creación de una Estrategia Nacional de Desalinización, establece un régimen de concesiones por hasta 30 años —renovables solo por una vez—, regula servidumbres asociadas a la infraestructura y fija nuevas normas de fiscalización y sanciones. Para Moreno, se trata de un paso relevante hacia una institucionalidad moderna, pero que requiere ajustes para no transformarse en un obstáculo para proyectos de gran escala.
Uno de los principales puntos de preocupación es la duración de las concesiones. Según explicó el diputado, un plazo máximo de 30 años resulta insuficiente para iniciativas de alto costo y largo aliento, especialmente en sectores como la minería, donde la vida útil de los proyectos puede superar los 60 años. A su juicio, esta limitación podría poner en riesgo la continuidad del suministro de agua desalinizada y desincentivar inversiones estratégicas para el país.
Otro aspecto cuestionado es la caducidad automática de las concesiones si las obras no se inician dentro de un plazo de dos años. Moreno señaló que este requisito no se ajusta a la realidad de proyectos multipropósito, que requieren extensos procesos de ingeniería, permisos sectoriales y cierres financieros complejos. “Con estas exigencias, podrían quedar fuera iniciativas clave tanto para el abastecimiento humano como productivo”, advirtió.
El parlamentario también manifestó inquietud por la falta de claridad respecto a la autoridad permanente encargada de otorgar y fiscalizar las concesiones, función que actualmente recae de manera transitoria en el Ministerio de Defensa. A ello se suma la exigencia de presentar un plan de cierre adicional al ya establecido en la normativa ambiental, lo que —según indicó— implica duplicar trámites y elevar innecesariamente los costos de los proyectos.
Pese a estas observaciones, Benjamín Moreno confirmó que votará a favor en general del proyecto, insistiendo en la necesidad de introducir modificaciones durante su tramitación. “Chile necesita una ley moderna, flexible y realista, que permita desarrollar infraestructura hídrica crítica y asegure nuevas fuentes de agua frente a la creciente escasez hídrica que enfrenta el país”, concluyó.
