Contraloría inicia ofensiva inédita contra la corrupción en el Estado
El órgano fiscalizador instruyó a ministerios, municipios, gobiernos regionales y empresas públicas entregar un informe detallado de sus controles internos frente a casos de corrupción ya investigados por la justicia.
La Contraloría General de la República, a través de un oficio firmado por la subcontralora Dorothy Pérez, exigió a distintas instituciones públicas —entre ellas ministerios, municipalidades, gobiernos regionales, universidades estatales y empresas públicas— entregar en un plazo de 10 días hábiles un informe con las medidas de control aplicadas para enfrentar hechos de corrupción que han sido detectados en los últimos meses y que hoy son investigados por la justicia.
El documento recopila una serie de casos que han afectado al aparato estatal en distintas regiones. En Calama, un funcionario fue acusado de cohecho por filtrar fiscalizaciones y otro utilizó una vivienda fiscal para ocultar armas y dar refugio a una banda delictual. En Chillán, un trabajador fue sorprendido por la PDI traficando drogas destinadas a incineración, mientras en Tarapacá fueron detenidos 13 funcionarios que cobraban a particulares para omitir controles legales.
La lista incluye además hechos ocurridos en Santiago, Puerto Aysén, Iquique y otras zonas: desde funcionarios municipales detenidos por soborno y cohecho, hasta miembros de las Fuerzas Armadas acusados de facilitar el tráfico de drogas o utilizar aeronaves institucionales con fines ilícitos. Ante este panorama, la Contraloría pide precisar medidas preventivas, sanciones aplicadas, número de involucrados y procesos sumarios abiertos en cada caso.
Fuentes conocedoras del proceso explicaron que la instrucción no busca perseguir directamente a los funcionarios, sino evaluar la efectividad del control administrativo en las instituciones públicas. Con esta ofensiva, el ente fiscalizador pretende constatar si existen mecanismos suficientes para prevenir hechos de corrupción y, sobre todo, qué acciones se han adoptado para impedir que vuelvan a repetirse.
