Salud mental sigue siendo discriminada: organizaciones exigen igualdad en cobertura y cumplimiento de la Ley 21.331
Una treintena de organizaciones académicas, científicas, de pacientes y de la sociedad civil presentó a los comandos presidenciales un plan para garantizar la paridad entre salud mental y salud física, incluyendo acceso a tratamientos y licencias médicas en igualdad de condiciones.
Pese a que la Ley 21.331 garantiza que las personas con problemas de salud mental reciban el mismo trato que quienes enfrentan enfermedades físicas, la discriminación sigue siendo una realidad. Las coberturas son menores, el acceso más limitado y cerca del 80% de las licencias médicas por salud mental son rechazadas o reducidas por las isapres.
Ante este escenario, casi 30 organizaciones entregaron a los comandos de los candidatos presidenciales un documento que exige acciones concretas para cumplir la ley y terminar con la exclusión estructural. El plan incluye asegurar que los planes de salud —públicos y privados— otorguen acceso a tratamientos y reposo médico en igualdad de condiciones; establecer un plan de reducción de brechas con indicadores medibles durante el próximo gobierno; y avanzar hacia una política integral en salud mental con enfoque preventivo, rehabilitador y articulación intersectorial.
Las cifras son alarmantes: la salud mental es una de las principales causas de discapacidad en Chile, representando el 23,2% de los años de vida perdidos por discapacidad o muerte (AVISA). Uno de cada cinco niños o adolescentes presenta algún trastorno psiquiátrico y el 30% de las licencias médicas en el país corresponden a esta causa.
“Esta desigualdad no tiene base técnica ni sanitaria. Es una injusticia que se arrastra desde hace años y que hoy es insostenible”, advirtió Carlos Ibáñez, coordinador de la Red Salud Mental es Salud, que lidera la iniciativa.
Las organizaciones recalcan que este cambio requiere liderazgo político, voluntad institucional y un trabajo conjunto entre Estado, academia, equipos clínicos, aseguradoras, organizaciones sociales y comunidades. La salud mental, afirman, debe dejar de ser una deuda pendiente para convertirse en prioridad nacional, con medidas concretas y resultados medibles en el corto plazo.
