Jueza Irene Rodríguez declara como imputada por liberación de supuesto sicario del «rey de Meiggs».
La magistrada está suspendida tras liberar a Alberto Carlos Mejías, hoy prófugo, y enfrenta una investigación por prevaricación culposa.
La jueza Irene Rodríguez, protagonista de uno de los episodios más polémicos del último tiempo en el Poder Judicial, declaró esta semana en calidad de imputada ante la Fiscalía, en el marco de la investigación por la liberación de Alberto Carlos Mejías, sindicado como el sicario del llamado «rey de Meiggs» y actualmente prófugo de la justicia.
Rodríguez fue interrogada por el Ministerio Público tras ser notificada formalmente de que se le investiga por el delito de prevaricación culposa, es decir, por haber incurrido en negligencia grave o ignorancia inexcusable al ejercer su cargo. Este tipo de acusación contra una jueza en funciones es extremadamente inusual y da cuenta de la gravedad del caso.
Según fuentes del caso, durante su declaración la jueza reiteró su inocencia y defendió su actuación, manteniendo la postura que ha expuesto públicamente desde que estalló la controversia.
Cabe recordar que el polémico fallo que permitió la salida de Mejías ocurrió en un contexto de presuntas irregularidades procesales, lo que motivó la suspensión de Rodríguez y abrió un flanco judicial y mediático que ha remecido al sistema judicial chileno.
Para que la magistrada pueda ser eventualmente formalizada, será necesario que el Poder Judicial presente una querella de capítulo, mecanismo que permite autorizar judicialmente la persecución penal de un juez o jueza en ejercicio.
El caso no solo pone en la mira la responsabilidad individual de la jueza, sino que también reabre el debate sobre la fiscalización interna en el Poder Judicial y los procedimientos que rodean la libertad condicional de imputados con antecedentes graves.
