Suspenden a jueza que liberó a sicario vinculado al “Rey de Meiggs” mientras avanza investigación disciplinaria

La fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Clara Carrasco, resolvió suspender a la jueza Irene Rodríguez y a una funcionaria judicial aún no identificada, tras el error que permitió la liberación del sicario Alberto Mejía.
La jueza Irene Rodríguez, del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, fue suspendida de sus funciones luego de que quedara al descubierto su participación en la cadena de errores que terminó con la liberación de Alberto Mejía Hernández, presunto sicario del denominado “Rey de Meiggs”. La decisión fue tomada por la fiscal judicial Clara Carrasco, quien encabeza el sumario disciplinario instruido el 15 de julio por la Corte de Apelaciones de Santiago.
La investigación busca esclarecer responsabilidades en torno a los oficios emitidos por el tribunal, que incluyeron un primer documento con un error en la identidad del imputado, posteriormente corregido. A pesar de la existencia de un oficio que rectificaba el nombre y ordenaba su ingreso a prisión, Gendarmería dio curso a su liberación, lo que ha generado tensiones entre el Poder Judicial, Gendarmería y el Ejecutivo.
En paralelo a la suspensión de Rodríguez, también se determinó apartar temporalmente de sus funciones a una funcionaria del Poder Judicial, cuyo nombre y cargo aún no han sido revelados. Según antecedentes, Mejía Hernández se identificó inicialmente como Osmar Alexander Ferrer Ramírez, lo que impidió confirmar su verdadera identidad hasta después de ser dejado en libertad. Actualmente, Interpol mantiene una alerta roja activa para su captura tras conocerse que huyó del país rumbo a Perú.
Tras varios días de silencio, la jueza Rodríguez afirmó sentirse tranquila respecto al proceso y manifestó que siempre ha actuado con compromiso en sus funciones. Reconoció que la medida de suspensión “es lo que corresponde” mientras avanza la investigación, aunque aseguró no conocer el detalle del sumario. Indicó que el documento que firmó ya contenía el error en el nombre del imputado y señaló que desconoce quién lo cometió, reafirmando que su último oficio fue una orden de prisión preventiva firmada a las 08:28 horas, sin haber emitido ningún otro después de ese.