CDE se querella contra alcalde de Colbún y otras siete personas por presunto fraude al Fisco
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Linares contra el alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz Oses, funcionarios municipales y particulares, por los delitos de fraude al Fisco reiterado y falsificación de instrumento público. La acción judicial sostiene que los hechos investigados habrían provocado un perjuicio fiscal preliminar estimado en al menos $75.936.105.
Entre los antecedentes expuestos por el CDE se encuentran presuntas irregularidades en la organización del festival “Colbún y su Gente” de 2023, cuyo presupuesto habría aumentado desde $104 millones a $192,7 millones sin contar con la aprobación del Concejo Municipal. La querella también aborda contrataciones mediante tratos directos que, según los antecedentes aportados, habrían considerado montos superiores a los costos reportados para presentaciones de Los Vásquez, Dino Gordillo y Bombo Fica, además de la contratación de una charla de Pilar Sordo.
La acción judicial también incorpora antecedentes relacionados con obras escolares por más de $800 millones que habrían comenzado antes de su adjudicación, además de prórrogas que el CDE califica como ilegales en la concesión del Balneario Machicura, por un monto de $12,18 millones. A ello se suman cuestionamientos a la contratación de dos abogados por $2,5 millones mensuales cada uno, por labores descritas como genéricas y que habrían incluido actuaciones vinculadas a la defensa personal del alcalde.
Junto con el jefe comunal, la querella alcanza al administrador municipal Aníbal Urtubia, al director de Administración y Finanzas Octavio Fuentes, a Rosa Elena Encina, cónyuge del alcalde, y a los particulares José Luis Muñoz, Maribel Correa, Pablo Moraga y Francisco Solís. Respecto de Encina, el CDE atribuye la firma de 14 certificados de recepción conforme pese a no ejercer formalmente como directora de DIDECO. El organismo solicitó además diligencias investigativas a la Contraloría y medidas cautelares sobre bienes para resguardar eventuales responsabilidades civiles.
