Diputado Benjamín Moreno destaca aprobación de Ley Antibarricadas 2.0 en la Cámara
La Cámara de Diputados aprobó por 89 votos a favor, 41 en contra y tres abstenciones el proyecto conocido como Ley Antibarricadas 2.0, iniciativa impulsada por el Gobierno que busca reforzar las sanciones frente a quienes bloqueen la circulación o afecten el normal funcionamiento de los servicios de transporte.
La propuesta amplía las conductas que pueden ser sancionadas cuando se interrumpe u obstaculiza la circulación de personas y vehículos o el funcionamiento del transporte público o privado, diferenciando las manifestaciones pacíficas de aquellas acciones que implican violencia, barricadas o bloqueos que afecten efectivamente la circulación.
El diputado Benjamín Moreno señaló que “manifestarse pacíficamente es un derecho que debemos resguardar, pero eso es muy distinto a instalar o incendiar barricadas, bloquear calles o impedir que miles de personas puedan llegar a sus trabajos, llevar a sus hijos al colegio o simplemente desplazarse con normalidad. Cuando estas acciones afectan la vida cotidiana y ponen en riesgo a otros, el Estado debe contar con herramientas para actuar y sancionar a quienes correspondan”.
La iniciativa contempla además sanciones más severas para quienes actúen con violencia o intimidación, instalen o incendien barricadas que pongan en riesgo a las personas, intervengan sistemas de transporte o impidan el desplazamiento de ambulancias, Bomberos, vehículos policiales y otros servicios de emergencia.
“Impedir o retrasar el paso de una ambulancia, de Bomberos o de un vehículo de emergencia puede tener consecuencias gravísimas. En una emergencia, cada minuto cuenta y una acción de este tipo incluso puede poner en riesgo la vida de una persona”, sostuvo el parlamentario.
El texto establece criterios para sancionar las obstrucciones según su gravedad y efectos concretos, excluyendo accidentes u otras causas justificadas y resguardando el ejercicio legítimo del derecho a reunión, huelga y manifestación pacífica.
Finalmente, el diputado agregó que “lo importante es que exista una señal clara de que la violencia y las acciones que deliberadamente afectan la seguridad de otras personas tienen consecuencias. El objetivo es contar con mejores herramientas para actuar frente a este tipo de hechos y evitar que queden impunes”.
Con la aprobación de la Cámara de Diputados, el proyecto continuará ahora su tramitación en el Senado, donde deberá ser discutido en segundo trámite constitucional.
