Despido de ex directora de CESFAM en San Fernando llega a la Corte de Apelaciones de Rancagua
La profesional acusa una desvinculación arbitraria tras renunciar solo a su cargo directivo, en medio de un conflicto laboral marcado por una denuncia bajo la Ley Karin y problemas de salud mental.
Lo que comenzó como una gestión destacada en salud pública en San Fernando terminó escalando a un conflicto judicial. Alondra Huerta Huerta, exdirectora del CESFAM Centro, interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, denunciando un despido que califica como ilegal y arbitrario, luego de que la Corporación Municipal interpretara su renuncia al cargo directivo como una salida total de la institución.
Según la afectada, el origen del conflicto se remonta a 2024, cuando presentó una denuncia bajo la Ley Karin contra un funcionario de la casa central. A su juicio, la investigación no avanzó y la falta de medidas de protección impactó gravemente su salud mental, obligándola a tomar licencias médicas. En ese contexto, decidió dejar la dirección del recinto para resguardar su bienestar y el funcionamiento del centro de salud.
El punto central de la controversia radica en la naturaleza de su vínculo contractual. Huerta había accedido al cargo de directora mediante concurso público en julio de 2024, pero mantenía un puesto de planta desde 2021. El 18 de marzo presentó su renuncia exclusivamente al cargo directivo, indicando que continuaría en su función base. Sin embargo, la Corporación Municipal, encabezada por su secretaria general Carmen Gloria Escobar, interpretó el documento como una renuncia total, concretando su desvinculación.
La notificación del despido llegó el 23 de marzo mediante carta certificada, mientras la profesional se encontraba con licencia médica vigente y sin recibir finiquito. El recurso fue declarado admisible el 31 de marzo y actualmente está en revisión. Desde la Corporación Municipal señalaron que la renuncia fue voluntaria y debidamente acogida. En tanto, Huerta espera que la justicia revierta la decisión, en un caso que reabre el debate sobre la protección de denunciantes y la estabilidad laboral en el sistema público de salud.
