WOM deberá pagar más de US$50 millones al Estado por retraso en despliegue de red 5G
El Consejo de Defensa del Estado aprobó el acuerdo que obliga a la compañía a compensar al Estado por su atraso en la implementación total de la red 5G, con plazo de cumplimiento fijado para fines de 2026.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) aprobó que WOM pague al Estado chileno un total de US$52,75 millones por el retraso en la implementación de su red 5G en el país. Además, se fijó como plazo máximo para cumplir con el despliegue completo fines de 2026. Originalmente, la compañía debía concluir con este proyecto en octubre de 2023, tras adjudicarse la licitación en 2020.
Según fuentes consultadas por Diario Financiero, el monto aprobado considera un 31% de la boleta de garantía, equivalente a 352.900 UF (US$14,3 millones), y una compensación estatal adicional de 950 mil UF (US$38,45 millones). La suma de ambos conceptos alcanza los US$52,75 millones.
En cuanto a los plazos específicos del despliegue, se estipula que para marzo de 2026 el 100% de las localidades obligatorias deberán contar con servicio 5G de WOM. Para el 30 de septiembre de ese año, se espera que el 90% del despliegue restante esté operativo, y el 31 de diciembre se completará el 10% final. La compensación adicional de US$38,45 millones podría ejecutarse mediante obras que se realizarían entre 2027 y 2031, sin necesariamente implicar un pago en efectivo.
Desde WOM destacaron su compromiso con el proyecto, afirmando que “nuestro foco está en completar este proyecto de gran envergadura, el que a la fecha presenta más de un 80% de avance”. Por su parte, el presidente del CDE, Raúl Letelier, señaló que “el acuerdo constituye una buena oportunidad para proteger el mercado de las telecomunicaciones en Chile y compensar adecuadamente los incumplimientos en el despliegue oportuno de la red 5G”.
Con esta medida, el Estado busca garantizar que la red 5G, clave para la conectividad y la innovación tecnológica del país, cumpla con los plazos previstos, asegurando además que los incumplimientos por parte de los operadores sean adecuadamente compensados.
