Contraloría cuestionó contratación de asesor del alcalde de Teno tras advertir irregularidades en su nombramiento
Una serie de cuestionamientos administrativos enfrenta la Municipalidad de Teno tras la contratación del abogado Carlos Ovalle Rojas como asesor del alcalde Wildo Farías. Según documentos obtenidos por el medio Teno Informado mediante solicitudes de Transparencia, en julio de 2026 el jefe comunal instruyó su incorporación a contrata, en calidad de profesional grado 10° de la Escala Municipal de Remuneraciones, dependiente de Alcaldía, con un sueldo cercano a los $2 millones mensuales. La decisión se habría adoptado pese a que la Dirección de Administración y Finanzas había advertido sobre un exceso en el gasto destinado a personal a contrata que superaba los límites establecidos por ley.
Según informó el medio Teno Informado, antes de este nombramiento, Ovalle se desempeñaba a honorarios en la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), donde percibía $1.950.000 mensuales por labores de apoyo a organizaciones comunitarias en la postulación de proyectos. De acuerdo con los antecedentes disponibles, dicha prestación se extendió durante un mes. Posteriormente, mediante el Oficio N° 169671/2026, la Contraloría cuestionó su designación como asesor alcaldicio, señalando que el nombramiento no se ajustaba a derecho, debido a que dicho cargo no existe dentro de la orgánica municipal. Asimismo, el organismo fiscalizador observó que el decreto no especificaba las funciones que debía desarrollar el profesional y solicitó acreditar las labores efectivamente realizadas y el cumplimiento de su jornada laboral.
Tras las observaciones del organismo contralor, el alcalde Wildo Farías suscribió un nuevo contrato con Ovalle, manteniendo su remuneración y grado funcionarial. En septiembre de 2026, el abogado fue designado como profesional de Administración Municipal, cargo que también había sido ocupado anteriormente por el exadministrador municipal Fernando Díaz, quien fue destituido por los concejales a comienzos del mismo año. De esta manera, la modificación administrativa permitió mantener la contratación del profesional bajo una nueva denominación, luego de los reparos formulados por Contraloría al nombramiento original.
La situación se suma a los cuestionamientos planteados durante recientes sesiones del Concejo Municipal respecto del gasto en personal y la existencia de contrataciones que superarían los límites legales establecidos. Las denuncias también han puesto atención en el estado financiero del municipio y sus posibles repercusiones en otras áreas, particularmente Educación, donde ya se han anunciado recortes de personal. En este escenario, las contrataciones municipales y las observaciones de los organismos fiscalizadores continúan generando debate respecto de la administración de los recursos públicos en la comuna.
