Diputado Jorge Guzmán presenta reforma para impedir rebajas de condena a condenados por delitos sexuales contra menores
El diputado de Evópoli, Jorge Guzmán, junto a un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional, presentó un proyecto de reforma constitucional que busca restringir la aplicación de beneficios de reducción de condena a personas condenadas por delitos sexuales, incluidos aquellos cometidos contra niños, niñas y adolescentes. La propuesta apunta a resolver las limitaciones que han surgido en la aplicación de la normativa vigente respecto de delitos cometidos antes de su entrada en vigor.
La iniciativa surge a partir de la aplicación de la Ley N.º 21.421, promulgada en 2022, que excluyó a condenados por determinados delitos sexuales contra menores de edad de los beneficios de reducción de penas. Sin embargo, distintas interpretaciones judiciales han establecido que esta restricción no puede aplicarse a hechos anteriores a la vigencia de la ley, lo que ha permitido que algunos condenados continúen accediendo a estas rebajas.
El diputado Jorge Guzmán sostuvo que, durante los últimos cinco años, se han registrado 332 casos de personas beneficiadas con reducciones de condena, de los cuales 276 corresponderían al gobierno del presidente Gabriel Boric y 56 al actual gobierno del presidente José Antonio Kast, según las cifras entregadas por el parlamentario. Frente a este escenario, afirmó que la reforma busca establecer una prohibición sin excepciones y evitar que las interpretaciones judiciales permitan otorgar estos beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores.
El proyecto propone incorporar a la Constitución una regla que determine el acceso a estos beneficios según la legislación vigente al momento de resolver cada solicitud, y no según la fecha en que se cometió el delito. Además, contempla su aplicación inmediata a las solicitudes pendientes y dejar sin efecto determinados beneficios concedidos administrativamente durante los seis meses anteriores a la publicación de la reforma. La propuesta, suscrita por diez diputados, busca entregar mayor certeza jurídica y reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes frente a delitos de esta naturaleza.
