Diputada Javiera Rodríguez pide a Contraloría revisar uso de redes sociales del alcalde de Lo Prado para difusión de contenido político

La parlamentaria republicana, solicitó un pronunciamiento por el uso de una cuenta de Instagram vinculada públicamente al cargo del alcalde Maximiliano Ríos. El requerimiento busca establecer si la difusión y promoción pagada de contenido político desde esa plataforma se ajusta a las normas de probidad y al criterio fijado por Contraloría para el uso de redes sociales asociadas a autoridades públicas.
La diputada Javiera Rodríguez (REP), representante del Distrito 9 —que incluye a Lo Prado—, junto a la concejala Cesia Riccio, acudió a la Contraloría General de la República para solicitar que se revise el uso que el alcalde Maximiliano Ríos realiza de su cuenta de Instagram “maxriosg_loprado”. El escrito plantea que el perfil se encuentra asociado públicamente a su condición de alcalde y es utilizado regularmente para difundir actividades municipales, pero que desde el mismo espacio también se habrían promocionado de forma pagada publicaciones de carácter político.
“Una autoridad tiene todo el derecho a expresar sus opiniones políticas, pero tenemos que ser muy cuidadosos cuando se mezcla una plataforma asociada al ejercicio de un cargo público con posicionamiento político personal. Aquí no estamos adelantando ninguna conclusión ni buscando limitar la libertad de expresión del alcalde; estamos pidiendo que Contraloría determine con claridad dónde está el límite y si una cuenta que se presenta ante los vecinos vinculada a la alcaldía puede utilizarse además para financiar y difundir contenido político. La probidad y la separación entre función pública e intereses personales deben resguardarse siempre”, sostuvo Rodríguez.
El requerimiento se basa en los criterios del dictamen E545210/2024 de Contraloría sobre el uso de medios digitales y redes sociales vinculadas a organismos públicos. La presentación enfatiza que la discusión no apunta a impedir opiniones personales de una autoridad, sino a determinar si una cuenta identificada con su cargo y utilizada para comunicar actividades municipales puede ser empleada simultáneamente para promocionar contenido político de manera pagada.
Entre los antecedentes incorporados se menciona que Ríos manifestó públicamente durante este año su intención de competir por un escaño en la Cámara de Diputados una vez concluido su periodo como alcalde. Por ello, Rodríguez y Riccio pidieron determinar si el uso de esa cuenta podría producir una confusión entre comunicación municipal y posicionamiento político personal.
La solicitud también pide establecer quién administra la cuenta, si funcionarios municipales participan en la elaboración de sus contenidos y si para su funcionamiento se utilizan recursos, infraestructura o personal del municipio. Además, solicita que Contraloría determine si corresponde adoptar medidas para evitar que una plataforma asociada al ejercicio de un cargo público sea utilizada con fines de posicionamiento político o personal.









