Proyecto del diputado Guillermo Valdés para extender regularización de derechos de agua queda a un paso de convertirse en ley
La iniciativa amplía hasta 2032 el plazo para inscribir y regularizar los derechos de aprovechamiento de aguas.
El proyecto de ley impulsado por el diputado Guillermo Valdés, que extiende el plazo para la inscripción y regularización de los derechos de aprovechamiento de aguas, quedó en su etapa final de tramitación legislativa y está a un paso de convertirse en ley. La iniciativa permitirá ampliar el plazo hasta el año 2032, entregando mayor certeza jurídica a miles de agricultores, regantes y familias del mundo rural que aún no han completado este proceso.
El diputado Guillermo Valdés destacó que la propuesta responde a una necesidad urgente del sector agrícola, ya que el plazo vigente para regularizar los derechos de agua vencía en abril de 2027 y contemplaba un procedimiento que calificó como excesivamente complejo. «Quiero contarles una excelente noticia para los agricultores y regantes, quienes hoy están obligados a regularizar sus títulos y derechos de agua antes de abril del año 2027. Un plazo que considero demasiado breve y con un procedimiento muy complejo. Por eso presenté un proyecto de ley que extiende este plazo hasta el año 2032 y además, simplifica el proceso. Hoy, mi iniciativa se encuentra a un paso de convertirse en ley y beneficiar a miles de agricultores de nuestra región del Maule y de nuestro querido Chile», afirmó.
Durante la discusión del proyecto en el Senado, el Ejecutivo acogió una de las propuestas planteadas por el parlamentario e incorporó una indicación destinada a simplificar el procedimiento de regularización, reduciendo la burocracia y facilitando el acceso al trámite para los usuarios, lo que permitirá una implementación más expedita una vez que la ley entre en vigencia.
El legislador valoró el avance alcanzado por la iniciativa y reafirmó su compromiso con el desarrollo del mundo rural, asegurando que continuará promoviendo proyectos que fortalezcan la agricultura, reduzcan las trabas administrativas y otorguen mayor seguridad jurídica a quienes viven y trabajan en el campo.
