Diputados oficialistas acusan a la izquierda de «instrumentalizar el TC» para bloquear la megarreforma y frenar la reactivación económica

Los parlamentarios Marlene Pérez (IND-UDI), Álvaro Carter (PRep), Tomás Kast (Evópoli), Francisco Orrego (RN) y Mauro González (RN) lamentaron que la oposición recurra al Tribunal Constitucional por materias tributarias y medioambientales una vez que el proyecto concluya su trámite en el Senado.

Un cerrado rechazo manifestaron los diputados de las bancadas oficialistas frente al anuncio de los partidos de izquierda de acudir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar los pilares tributarios y medioambientales del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, una vez que la iniciativa termine su tramitación legislativa en la Cámara Alta.

A juicio de los legisladores, esta ofensiva legal representa un intento por «bloquear» por secretaría una reforma indispensable para recuperar la certeza jurídica y el reimpulso económico del país. Sostuvieron que el requerimiento es una evidencia clara del obstruccionismo de un sector político que prefiere atrincherarse en sus dogmas ideológicos antes que cooperar con el bienestar de las familias chilenas y el progreso nacional.

Al respecto, la diputada Marlene Pérez (IND-UDI) abrió los cuestionamientos manifestando que «el TC tiene el deber de analizar esta solicitud de manera estrictamente técnica y jurídica, lejos de las presiones de un sector que no sabe perder en democracia. Lo que estamos viendo por parte de la izquierda es un intento burdo de utilizar las instituciones para obstruir lo que ya fue zanjado democráticamente en el Congreso», agregando que «con esto demuestran que no tienen una verdadera convicción democrática, les importa muy poco que al país le vaya bien o que se recupere la economía, porque para ellos siempre va a ser más importante atrincherarse en sus dogmas y frenar el progreso de Chile antes que apoyar a las familias que necesitan salir adelante».

En esa misma línea, el diputado Álvaro Carter (Partido Republicano) se sumó a las críticas advirtiendo que «acá se está usando al TC con un sentido netamente político y una manera de evitar una derrota legislativa. Ir al TC es una facultad que tenemos los parlamentarios, pero en este caso solo buscan trabar de forma política lo que se ganó democráticamente en el Congreso. No les importa destruir la certeza jurídica ni frenar la reactivación económica con tal de imponer sus términos, por lo que una vez más vemos el eterno obstruccionismo de una izquierda que prefiere quedarse cómoda en su trinchera ideológica en vez de pensar en cómo sacar adelante a las familias de Chile».

Por su parte, el diputado Francisco Orrego (RN) hizo un llamado directo a detener estas estrategias. «Basta ya de usar las instituciones para tapar derrotas políticas. Es legal recurrir al TC, pero hacerlo para pasarle máquina a una reforma aprobada legítimamente por el Congreso es un portazo a la democracia. Con este freno de mano solo sabotean la certeza jurídica y la reactivación del empleo, sino que es el ejemplo perfecto del obstruccionismo de izquierda, les importa más dejar contento a su nicho ideológico que sacar al país adelante y aliviarle la carga a las familias chilenas».

A estos argumentos se sumó el diputado Mauro González (RN), quien planteó que, «aunque la presentación ante el TC es una atribución válida de la oposición, el trasfondo aquí es netamente político y busca desmantelar una ley aprobada bajo todas las de la ley. Están bloqueando las herramientas clave que garantizarían la reactivación económica del país, es sumamente frustrante ver que la izquierda insiste en el obstruccionismo, prefieren aferrarse a su ideológica en lugar de ponerse a trabajar por las urgencias reales de las familias de Chile».

Finalmente, el diputado Tomás Kast (Evópoli) sostuvo que «una cosa es ejercer una facultad constitucional legítima y otra muy distinta es instrumentalizar las instituciones con fines políticos para vetar decisiones democráticas de la mayoría. Es una irresponsabilidad tremenda bloquear una reforma diseñada para devolver la certeza jurídica y dinamizar la economía nacional, pero lamentablemente vemos una vez más a una izquierda dogmática y obstruccionista, que prefiere su trinchera ideológica antes que el progreso de las familias de Chile».