Política

Diputado Jorge Guzmán pide mayor flexibilidad en el cobro de deudas del Crédito con Aval del Estado

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El parlamentario ofició a la Tesorería General de la República para conocer los criterios aplicados en los procesos de cobranza y solicitó medidas que permitan a los deudores regularizar su situación sin afectar gravemente su estabilidad económica.

Foto diputado Guzman oficio TGR por cobros CAE

El diputado Jorge Guzmán anunció el envío de un oficio a la Tesorería General de la República para solicitar antecedentes sobre los procedimientos de cobro que actualmente se aplican a personas con deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado. La acción surge en medio de la controversia generada por denuncias de retenciones de fondos, embargos y otras medidas adoptadas por el organismo para recuperar recursos adeudados al Estado.

El parlamentario planteó la necesidad de que la autoridad entregue mayores antecedentes sobre los mecanismos utilizados y evalúe alternativas que permitan a los deudores regularizar sus compromisos financieros sin enfrentar acciones que puedan comprometer su situación económica. Asimismo, señaló que en los últimos años se generaron expectativas respecto de una eventual condonación de estas deudas, lo que llevó a muchas personas a tomar decisiones basadas en anuncios que finalmente no se concretaron.

Guzmán sostuvo que, si bien las obligaciones deben cumplirse, resulta necesario revisar la forma en que se están llevando adelante los procesos de cobranza. En ese contexto, manifestó que antes de aplicar medidas como embargos de sueldos, cuentas corrientes o ahorros, deberían explorarse alternativas razonables de solución, incluyendo convenios de pago más flexibles que faciliten el cumplimiento de las obligaciones por parte de los deudores.

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A través del oficio, el legislador busca conocer los criterios utilizados por la Tesorería para aplicar estas medidas, los mecanismos de notificación existentes y las opciones de regularización disponibles. Además, hizo un llamado a compatibilizar la recuperación de recursos fiscales con la realidad económica de las personas afectadas, enfatizando que el Estado debe actuar con proporcionalidad, justicia y sentido común en este tipo de procesos.

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