Caso Pulgar: querellante pide 20 años de cárcel e indemnización
La abogada de la víctima presentó acusación particular y demanda civil contra el desaforado diputado Francisco Pulgar, solicitando una pena de 20 años de presidio y una indemnización de $100 millones por daño moral.
Un nuevo avance procesal se registró en el denominado Caso Pulgar, investigación penal que lleva adelante la Fiscalía de Talca tras una denuncia y posterior querella presentada en contra del desaforado diputado independiente Francisco Pulgar, acusado por dos delitos de violación en contra de una víctima que era menor de edad al momento de los hechos, aunque mayor de 14 años, uno de carácter único y otro en calidad de reiterado.
Actualmente, el imputado se encuentra bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total, luego de haber permanecido un extenso período en prisión preventiva en la cárcel de Cauquenes. En este contexto, la Fiscalía declaró el cierre de la investigación y presentó acusación formal, solicitando una pena de 12 años de presidio efectivo, acompañada de un amplio listado de pruebas testimoniales, periciales y documentales.
Tras esta actuación, el Juzgado de Garantía de Talca fijó para el 7 de enero de 2026 la audiencia de preparación de juicio oral, lo que activó el plazo legal para que la parte querellante resolviera si adhería a la acusación del Ministerio Público o presentaba una acusación particular y demanda civil.
En este escenario, la abogada Silvana del Valle, representante de la víctima y denunciante, confirmó que optó por presentar acusación particular y demanda civil por daño moral, las que serán conocidas por el Tribunal Oral en lo Penal de Talca. En su acusación, la querellante solicitó una condena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo.
Según explicó la profesional, la petición se fundamenta en el grave perjuicio sufrido por la víctima, quien ha sostenido su denuncia pese al constante hostigamiento atribuido al imputado. Asimismo, la acusación particular incorpora dos circunstancias agravantes: que el acusado era una figura pública al momento de los hechos, ocurridos en 2014, y que el delito habría sido cometido en un lugar despoblado y aislado, impidiendo a la víctima solicitar ayuda.
La abogada sostuvo que dichas agravantes deben ser ponderadas por el tribunal, aun cuando el imputado podría invocar la atenuante de irreprochable conducta anterior, enfatizando que uno de los delitos imputados es de carácter reiterado, lo que justificaría —a su juicio— la aplicación de una pena ejemplar.
En paralelo, la querellante presentó una demanda civil de indemnización de perjuicios por daño moral, solicitando un monto de $100 millones, o el que determine el tribunal conforme a derecho, argumentando el impacto psicológico, social y personal que los hechos y el posterior proceso judicial han generado en la víctima.
