Talca alerta por retiro de 30 cámaras
El alcalde Juan Carlos Díaz manifestó su preocupación ante el anuncio de retiro de 30 cámaras de televigilancia por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, medida derivada del fin de contrato con la empresa operadora y que podría afectar la seguridad del casco histórico y otras comunas del país.
El alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, expresó públicamente su profunda preocupación tras ser notificado por la Subsecretaría de Prevención del Delito sobre el eventual retiro de 30 cámaras de televigilancia ubicadas mayoritariamente en el casco histórico de la ciudad. La medida se originaría por un problema administrativo derivado del término del contrato entre el organismo y la empresa Ingesmart S.A., firmado hace cinco años y cuya vigencia concluye este 15 de diciembre.
De acuerdo con la información recibida, la Subsecretaría no logró hacer uso de la cláusula de compra del equipamiento —cámaras instaladas y operativas desde 2020—, por lo que la empresa adjudicataria tendría un plazo de 60 días para retirar la infraestructura tecnológica instalada en Talca y en otras seis comunas: Rancagua, San Fernando, Santa Cruz, Curicó, Linares y Chillán.
El alcalde Díaz explicó que la situación preocupa profundamente, ya que podría significar un importante retroceso en materia de prevención del delito. “Creemos que la seguridad es el problema número uno en nuestro país y de esa forma hemos trabajado colaborativamente con el gobierno central, gobiernos regionales y también con la comunidad organizada para sacar adelante distintas iniciativas preventivas (…) Pero esta semana nos llega un oficio donde se nos manifiesta que no se pudo hacer efectiva la opción de compra y las cámaras en un plazo de 60 días serán retiradas de los distintos puntos donde fueron instaladas”, señaló el jefe comunal.
Ante la gravedad del escenario, Díaz ofició formalmente a la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, solicitando que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad de la operación del sistema de televigilancia, realizando el proceso de compra y traspaso administrativo a los municipios beneficiados, tal como establecía el espíritu original del contrato.
El alcalde insistió en que el mensaje es claro. “Estamos apelando al sentido común y también al sentido de urgencia que tiene relación con la seguridad para nuestros vecinos y creemos que es una señal errada por parte del gobierno central. Por eso lo hacemos público y reiteramos este oficio para que esto no se retire”, enfatizó.
La situación generó reacción inmediata en el ámbito político. El diputado UDI por Talca y Curicó, Felipe Donoso, anunció que apoyará plenamente la solicitud del alcalde para impedir el retiro de las cámaras y adelantó acciones de fiscalización para evitar que la medida se concrete. Donoso precisó que oficiará al Ministerio de Seguridad Pública y a la Subsecretaría para transparentar los motivos de la decisión y corregirla de manera urgente.
Para el parlamentario, la gravedad del posible retiro es evidente: “30 cámaras menos equivale al trabajo de 90 funcionarios en terreno. En un contexto donde la delincuencia avanza sin pausa, la seguridad es la principal demanda de los vecinos y no se puede permitir ningún retroceso”.
En su petición concreta, Donoso llamó al nivel central a garantizar la continuidad operativa inmediata de estas herramientas fundamentales para la tranquilidad y la protección de las familias talquinas.
