La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la multa a inmobiliaria por intervenir ilegalmente el Río Claro en la comuna de Talca
El tribunal ratificó la sanción impuesta por la Dirección General de Aguas a Inmobiliaria e Inversiones Santa Rosa, tras constatarse la construcción de una pista de motocross y la extracción ilegal de agua subterránea en un sector declarado Bien Nacional de Uso Público.
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sanción contra la empresa Inmobiliaria e Inversiones Santa Rosa por intervenir sin autorización el cauce del Río Claro de Talca, instalar una pista de motocross y extraer agua subterránea de forma ilegal. La multa, que asciende a 105 UTM —equivalentes a $7.272.825—, pone fin a un proceso judicial iniciado luego de las denuncias e inspecciones realizadas por la Dirección General de Aguas (DGA), que constató alteraciones graves en el ecosistema de una de las principales fuentes hídricas del Maule.
Según el fallo, la inmobiliaria efectuó movimientos de tierra, acopio de materiales y construyó una pista de motocross dentro del lecho del río, sin contar con permisos de las autoridades competentes. Además, se verificó la existencia de un pozo noria operativo, utilizado para la extracción de agua subterránea destinada al aseo del personal, en infracción directa a la normativa vigente. Por estos hechos, la DGA aplicó una multa de 95,4 UTM por la modificación ilegal del cauce y 10 UTM por la extracción de agua sin derechos constituidos.
La empresa presentó un recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones, argumentando desconocer las restricciones sobre su propiedad y alegando que el Ministerio de Bienes Nacionales no habría notificado adecuadamente la delimitación del álveo del río como Bien Nacional de Uso Público. Sin embargo, el tribunal rechazó estos argumentos y recordó que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad, reafirmando la ilegalidad de las acciones ejecutadas por la inmobiliaria.
El caso sienta un precedente relevante en materia de protección ambiental y resguardo de los bienes nacionales de uso público, en un contexto de escasez hídrica que afecta gravemente al país. La resolución refuerza el rol fiscalizador de la DGA y advierte a particulares e inmobiliarias sobre las consecuencias de intervenir ecosistemas naturales sin autorización. En esa línea, la Fundación Terram destacó la importancia del fallo como una señal clara de que la legislación chilena prohíbe cualquier alteración del curso de los ríos sin autorización, reafirmando que el uso y manejo del agua debe realizarse conforme a la ley y en beneficio del interés público.
