Abogada querellante asegura que denuncia contra Francisco Pulgar busca justicia y no fines políticos
La abogada querellante en el caso del diputado Francisco Pulgar, Silvana del Valle, respondió con firmeza a las declaraciones del imputado y su defensa tras el cierre de la investigación a cargo de la Fiscalía de Talca.
El 23 de septiembre pasado, la Fiscalía informó al Juzgado de Garantía de Talca sobre el cierre de la etapa de investigación, y la semana pasada se despachó el texto de la acusación, solicitando una pena de 12 años de presidio mayor por dos delitos de violación, uno de ellos reiterado, contra una menor de edad en 2014. Ante esto, la defensa de Pulgar solicitó la reapertura de la investigación, y el tribunal programó la audiencia para el 14 de enero de 2026.
Silvana del Valle señaló que la presentación de la querella responde exclusivamente al derecho de su representada a obtener justicia y no a un complot de carácter político. Subrayó que ninguna persona acusada de agresión sexual, especialmente contra menores, debería ocupar un cargo público, y que su representada ha decidido denunciar a pesar de las consecuencias personales que esto ha tenido en su vida. La abogada enfatizó que los antecedentes de la causa han llevado a que la Corte de Apelaciones mantenga al imputado en arresto domiciliario total.
La querellante detalló que la investigación ha localizado pruebas que sitúan a Pulgar en lugares cercanos a los hechos en enero de 2014 y que desmienten la hipótesis de que se encontraba radicado en Santiago. Además, criticó las estrategias de la defensa, que buscan alargar el proceso y afectar el calendario electoral, puntualizando que la parte querellante no ha intentado manipular el procedimiento y que el objetivo central sigue siendo obtener justicia por los delitos cometidos contra la víctima cuando era menor de edad.
Silvana del Valle concluyó reafirmando que la denuncia y la querella se presentan con base en derechos reconocidos por la ley, y que la prioridad es que los responsables de graves delitos contra menores enfrenten las consecuencias, sin que intereses políticos interfieran en la búsqueda de justicia.
