España ordena retirar 53 mil pisos turísticos ilegales
El Ministerio de Vivienda exige a plataformas como Airbnb eliminar de sus portales viviendas que no cumplen con el registro obligatorio, buscando reforzar el alquiler residencial y combatir la crisis habitacional.
El Gobierno de España ha dado un paso firme para enfrentar la crisis de vivienda en el país, notificando a las plataformas de alquiler turístico, como Airbnb, para que retiren un total de 53.876 pisos turísticos ilegales. Estos inmuebles no cumplen con los requisitos para solicitar el número de registro obligatorio, vigente desde el 1 de julio, por lo que sus registros constan como “revocados”.
El Ministerio de Vivienda señala que, de un total de 336.497 solicitudes de registro, 264.998 correspondían a alquileres turísticos, y de estas, 53.786 han sido revocadas, es decir, el 20,3% del total de viviendas turísticas registradas. La finalidad de la medida es que estos inmuebles puedan incorporarse al mercado de alquiler residencial, donde la demanda supera ampliamente la oferta.
El fenómeno de los pisos turísticos ilegales es considerado por entidades sociales y algunos ayuntamientos como un factor que agrava la crisis habitacional, especialmente en las grandes capitales y zonas costeras, donde la proliferación de alquileres de corta duración desplaza a familias y altera la vida de los barrios.
Airbnb se comprometió a retirar los anuncios de los pisos que no poseen el registro obligatorio, aproximadamente uno de cada diez de sus publicaciones, y ha instado a otras plataformas a unirse al “esfuerzo y compromiso de transparencia”. Además, desde enero, unos 70 mil anuncios más cumplen con la normativa gracias a la colaboración de los anfitriones con la Ventanilla Única Digital.
El Ministerio de Vivienda, en conjunto con registradores de la propiedad y las plataformas, busca preservar la función social de la vivienda, evitando que los pisos turísticos ilegales desplacen a residentes y afecten la cohesión urbana. La Ventanilla Única creada en enero permite compartir información para combatir el fraude y garantizar el cumplimiento de la ley.
