Burkina Faso aprueba ley que penaliza la homosexualidad con hasta cinco años de prisión
La Asamblea Legislativa de Transición del país africano aprobó por unanimidad la normativa que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo, generando rechazo de organizaciones de derechos humanos y preocupación internacional.
La Asamblea Legislativa de Transición (ALT) de Burkina Faso, actualmente dirigida por una junta militar, aprobó por unanimidad un proyecto de ley que penaliza las prácticas homosexuales en el país con penas de prisión de entre dos y cinco años y multas asociadas. La normativa forma parte del nuevo Código de las Personas y la Familia, que además contempla otras disposiciones progresistas, como fijar en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio y exigir el consentimiento mutuo como requisito para el enlace.
Según el ministro de Justicia, Rodrigue Bayala, citado por la Agencia de Información de Burkina (AIB), en caso de reincidencia, los extranjeros que sean condenados por estas prácticas “serán pura y simplemente expulsados del país”.
La ley ha generado críticas inmediatas a nivel internacional. Amnistía Internacional (AI) calificó la medida como un “retroceso alarmante” que socava derechos fundamentales y fomenta la discriminación. Marceau Sivieude, director regional de AI para África Occidental y Central, afirmó: “Nos alarma y preocupa profundamente la criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo. Esto no hace más que generar discriminación y violar el derecho a la igualdad ante la ley”.
Burkina Faso se suma así a más de treinta países en África que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, en medio de un contexto regional marcado por un aumento del discurso anti-LGBTI. El país africano ha atravesado inestabilidad política reciente, con dos golpes de Estado en 2022: el primero, el 24 de enero, encabezado por el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba; y el segundo, el 30 de septiembre, liderado por el capitán Ibrahim Traoré, actual jefe de Estado.
Organizaciones de derechos humanos y actores internacionales han expresado su preocupación por el impacto que la ley podría tener en la seguridad, libertad y derechos civiles de la comunidad LGBTI en Burkina Faso, advirtiendo que podría agravar la discriminación y violencia hacia este grupo.
