Cámara de Diputados aprueba en particular el proyecto de test de drogas para autoridades del Estado
Con 115 votos a favor y 17 abstenciones, la Cámara Baja despachó al Senado la iniciativa que obligará a autoridades y candidatos a someterse anualmente a un examen de consumo de drogas.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular el proyecto que establece test de drogas obligatorios para autoridades y candidatos en todas las reparticiones del Estado. La medida alcanzará a parlamentarios, ministros, subsecretarios, gobernadores regionales, alcaldes e incluso al Presidente de la República, quienes deberán someterse al menos una vez al año a este examen.
El test será realizado por un laboratorio autorizado del Ministerio de Salud, bajo estándares internacionales, y consistirá en una muestra de cabello. Tras meses de discusión y dilaciones, el proyecto pasará ahora al Senado, luego de superar un segundo informe de la Comisión de Gobierno Interior.
Si bien ningún diputado votó en contra, se registraron 17 abstenciones, principalmente desde el Frente Amplio y el Partido Comunista. Desde la oposición, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) acusó al Gobierno de haber retrasado la tramitación, al incluir la obligación de que los candidatos presenten una declaración jurada de no consumo de drogas.
En la vereda oficialista, en tanto, hubo apoyo transversal, aunque acompañado de reparos. El diputado Diego Ibáñez (FA) sostuvo que la medida es más simbólica que efectiva: “Si le hubiésemos hecho un test de drogas a Pablo Escobar, sale negativo. (…) Vamos a apoyar el proyecto, estamos de acuerdo, pero no argumentemos que esto va a terminar con el narcotráfico, porque eso es ridículo“.
Desde la centroderecha, parlamentarios como Francisco Undurraga (Evópoli) subrayaron que la iniciativa, aunque no resuelve el problema de fondo, es un gesto de transparencia hacia la ciudadanía: “Al menos le da una tranquilidad a los ciudadanos que quienes estamos en posiciones de poder no tenemos relaciones con la droga“, indicó.
La discusión, sin embargo, se mantiene abierta respecto a la necesidad de levantar el secreto bancario por vía administrativa para detectar posibles nexos entre autoridades y el narcotráfico. El diputado Marcos Ilabaca (PS) lo resumió así: “Este Congreso tiene la obligación de levantar todas las barreras para impedir que su influencia (del narco) se instale en el corazón del Estado“.
