Fiscalía acusa a Daniel Jadue y pide más de 18 años de cárcel en caso Farmacias Populares
El exalcalde de Recoleta enfrenta cargos por fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal, en el marco de la investigación por la Asociación Chilena de Municipalidades de Farmacias Populares (Achifarp), proceso que podría inhabilitarlo de por vida para ejercer cargos públicos.
La Fiscalía Metropolitana Centro-Norte presentó este martes la acusación formal contra Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta, por su participación en el caso Achifarp. El Ministerio Público le imputa delitos reiterados de fraude al fisco, estafa, cohecho y un delito concursal contemplado en el Código Procesal Penal, solicitando en total más de 18 años de presidio y la inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Por el cargo de fraude al fisco, la fiscalía pide 12 años de presidio, una multa equivalente a 8.787 UTM —la mitad del perjuicio causado— y 10 años de inhabilitación. En el caso de estafa, la solicitud es de 3 años y 1 día de presidio menor y una multa de 21 UTM. Para el delito de cohecho se plantea una pena de 820 días de reclusión, una multa cercana a 19 millones de pesos y 5 años de inhabilitación. Finalmente, por el delito concursal se pide una condena de 541 días de presidio menor.
La investigación, que se ha extendido por más de cuatro años, no solo podría derivar en sanciones penales, sino también en un fuerte golpe al futuro político de Jadue. Si su calidad procesal cambia de imputado a acusado, el Tribunal Calificador de Elecciones podría evaluar su eventual inhabilitación, en un escenario donde los plazos para inscribir candidaturas vencen el 18 de agosto y el Servel cierra el padrón electoral el día 28 del mismo mes. La Constitución establece que un ciudadano pierde su derecho a sufragio si se encuentra acusado por un delito que merezca pena aflictiva.
Junto a Jadue, fueron formalmente acusados otros involucrados en el caso Farmacias Populares. Entre ellos figuran José Muñoz Becerra, imputado por fraude al fisco, cohecho, malversación de caudales públicos, delito concursal y lavado de activos; Raúl Moraga Lagarrigue, María Chadwick Sendra y Eduardo Sendra Arratia, todos por fraude al fisco; y Álvaro Castro Robles, por cohecho.
