Gobierno firma decreto para expropiar terrenos de ex Colonia Dignidad y transformarlos en sitio de memoria
La medida concreta la promesa presidencial de convertir en política de Estado la recuperación de espacios marcados por graves violaciones a los derechos humanos. Se expropiarán 117 hectáreas en Parral, ya declaradas Monumento Histórico.
Los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón; de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; y de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, firmaron este lunes el decreto que oficializa la expropiación de gran parte de los terrenos que conforman la ex Colonia Dignidad en la comuna de Parral. Se trata de 117 hectáreas e instalaciones que en 2016 fueron declaradas Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico, debido a su estrecha vinculación con crímenes cometidos durante la dictadura civil-militar.
Con este hito, el Ejecutivo avanza en el cumplimiento de uno de los compromisos asumidos por el Presidente Gabriel Boric en su Cuenta Pública 2024. Las autoridades recalcaron que este tipo de acciones deben entenderse como políticas de Estado y no como medidas aisladas de un gobierno en particular, debido a su trascendencia en materia de memoria y derechos humanos.
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se destacó que en lugares como la ex Colonia Dignidad, donde se cometieron algunos de los crímenes más atroces registrados en la historia reciente del país, se requiere mirar más allá de la coyuntura política. Recuperar estos espacios como sitios de memoria busca reforzar el compromiso con la no repetición, permitiendo que las nuevas generaciones comprendan la magnitud de los hechos ocurridos y la necesidad de garantizar que nunca más se repitan.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, valoró la transformación de un lugar de dolor en un sitio de memoria, subrayando su impacto tanto político como humano para víctimas y familiares. Por su parte, el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, recalcó que los sitios de memoria funcionan como instrumentos para que el Estado y la sociedad recuerden lo ocurrido. El proceso de recuperación se realizará en conjunto con organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil, reconociendo el rol fundamental que han tenido en mantener viva la memoria y exigir justicia durante décadas.
