Parlamentarios exigen medidas urgentes por viajes al extranjero de miles de funcionarios públicos durante licencias médicas
El Gobierno confirmó la apertura de sumarios administrativos en cada uno de los servicios públicos involucrados en el uso indebido de licencias médicas por parte de funcionarios que viajaron al extranjero. Paralelamente, la Contraloría General de la República remitió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evaluar la restitución de los recursos, y también al Ministerio Público, con el fin de que se indague la eventual comisión de delitos.
El senador Juan Castro recordó que hace menos de un mes sostuvo una conversación con la contralora sobre esta situación, manifestando su preocupación por la necesidad de perseguir este tipo de prácticas indebidas. A su juicio, resulta indispensable aplicar sanciones, descuentos y multas a los médicos que emiten licencias sin justificación, pues considera inaceptable que la falta de responsabilidad de algunos funcionarios esté generando un descontrol en el sistema.
Desde la Cámara de Diputados, Felipe Donoso, parlamentario de la UDI, apuntó a la falta de control dentro de los organismos públicos, señalando que son más de 25 mil las personas que habrían salido del país con licencia médica, muchas veces con pleno conocimiento de sus jefaturas. Para Donoso, el perjuicio es grave, ya que cerca del 60% de estas licencias son financiadas por Fonasa con fondos que deberían destinarse a operaciones y tratamientos de personas que se encuentran en listas de espera, lo que califica como un fraude que debe tener consecuencias civiles y penales.
El diputado Jorge Guzmán, por su parte, consideró aberrante e indignante el resultado del informe y valoró que se hayan anunciado medidas concretas para establecer las responsabilidades. Afirmó que no se puede permitir que esta situación quede impune, ya que representa una estafa que posterga inversiones prioritarias en salud. Además, cuestionó el actuar de quienes, amparados en su rol de servidores públicos, terminan siendo simples aprovechadores de los recursos del Estado.
