Hacinamiento en cárceles chilenas podría llegar al 168% según estudio de Libertad y Desarrollo
El hacinamiento en las cárceles chilenas podría alcanzar un 168% para 2030, según un informe del centro de estudios Libertad y Desarrollo (LyD), que critica la falta de medidas efectivas del Gobierno para abordar la sobrepoblación en los recintos penitenciarios. En octubre de 2024, el número de internos en el país superó los 58 mil, lo que representa un 140% de hacinamiento a nivel nacional. En regiones como Atacama, la sobrepoblación alcanzó un alarmante 230%, una de las más altas del mundo. La situación se agrava debido a que la infraestructura penitenciaria chilena no ha cambiado significativamente en la última década, manteniendo una capacidad de 41 mil plazas.
El informe también señala que las cárceles tienen un papel crucial en el combate a la inseguridad, especialmente en América Latina, donde las prisiones han sido caldo de cultivo para organizaciones criminales como el Tren de Aragua en Venezuela y el Primeiro Comando da Capital en Brasil. La sobrepoblación, corrupción y deficiencias en infraestructura en los sistemas penitenciarios de los países vecinos han facilitado la expansión del crimen organizado. En Chile, la situación no es diferente, ya que la falta de inversiones y mejoras en la infraestructura penitenciaria ha provocado un estancamiento en la capacidad de los recintos.
El Gobierno ha anunciado inversiones para aumentar la capacidad penitenciaria en 12.188 plazas entre 2024 y 2030, pero las proyecciones indican que, incluso con esta expansión, el sistema mantendrá una sobredemanda del 168% para 2030. LyD sostiene que aunque estas iniciativas buscan mitigar la emergencia, no abordan problemas estructurales, como la ineficiencia en la ejecución de proyectos y la falta de mecanismos para acelerar la construcción de nuevas instalaciones con estándares modernos de seguridad.
Para enfrentar estos desafíos, el informe propone aprender de experiencias internacionales, como las de Inglaterra y Australia, que utilizan diseños estandarizados y métodos de construcción modernos para reducir los tiempos y costos de edificación. Además, la simplificación de trámites administrativos y ambientales sería clave para agilizar la construcción de nuevos recintos penitenciarios, lo que permitiría una respuesta más eficaz a la creciente demanda y mejoraría los estándares técnicos y de seguridad en el sistema.
