Diputada Mercedes Bulnes y concejala Melania Moya denunciaron a JUNAEB en Contraloría por retraso en la entrega de lentes, audífonos, y atenciones médicas a niños de escuelas públicas
Este jueves 28 de marzo, en una acción conjunta, la diputada representante del Maule, Mercedes Bulnes, acompañada por la concejala de Talca, Melania Moya, quien además preside la Comisión de Educación de la comuna, han presentado una denuncia ante la Contraloría General de la República, solicitando una exhaustiva investigación sobre la notable demora en la ejecución del programa de Servicios Médicos de JUNAEB en la Región del Maule.
Hasta el mes de octubre de 2023, el programa en cuestión apenas había ejecutado un 6,6% del total del presupuesto regional asignado, quedando considerablemente por debajo de las metas anuales establecidas por JUNAEB. Esta falta de ejecución se traduce en cifras alarmantes, como el hecho de que, de un total proyectado de 10.809 atenciones médicas para el año 2023, solo se hubieran realizado 132 hasta el mes de octubre. Además, llama la atención que ninguna de las 8741 metas de entrega de lentes ópticos a estudiantes en la región se haya cumplido.
El programa de Servicios Médicos de JUNAEB tiene como objetivo mejorar las condiciones de salud de los estudiantes chilenos de diferentes niveles educativos, proporcionando servicios de detección, atención y tratamiento médico especializado. La diputada Bulnes enfatizó la importancia de garantizar transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos, especialmente cuando están destinados a programas de asistencia social que impactan directamente en la igualdad de oportunidades educativas.
En sus declaraciones, la diputada Bulnes expresó su preocupación: “Esta es una situación grave que afecta la capacidad de aprendizaje de los niños. Los lentes, los audífonos y las prestaciones médicas son una obligación de JUNAEB, que ha recibido los recursos públicos necesarios para cumplir esta misión, y sin embargo, no ha informado ni atendido adecuadamente a los niños”.
Por su parte, la concejala Melania Moya destacó las quejas recibidas por parte de los apoderados: “Están recibiendo estos servicios con dos años de retraso, muchos niños ya están en la universidad. Nuestros niños y jóvenes, especialmente aquellos en situaciones vulnerables, están estudiando con graves problemas. Por lo tanto, necesitamos una pronta solución. Creemos que este es un problema nacional, y es por eso que la Contraloría debe y puede cumplir su misión de fiscalización, porque precisamente esa es su función”.
Ante esta situación, se espera que la Contraloría General de la República lleve a cabo una investigación exhaustiva y transparente para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera efectiva en beneficio de los estudiantes y el desarrollo educativo de la región.
